No me podrán negar que la del 29-S fue una huelga descafeinada. En primer lugar, porque después las concentraciones mayoritarias, aquellas en las que las calles se llenan de gente con banderas que entonan cánticos al unísono, todo el mundo espera con ansia la llegada de la guerra de cifras. Esta vez no se produjo. El Gobierno optó por ponerse de perfil y no enfrentarse directamente a los sindicatos, porque quedan sobre la mesa un montón de asuntos que requieren el diálogo entre partes (como la elección del nuevo ministro de Trabajo), y el Ejecutivo no quiere carnicerías.
Pero el silencio respecto a las cifras no fue lo único que sirvió para rebajar una jornada que los sindicatos siguen calificando de «exitosa» por más que no consiguieran su primer objetivo, parar el país, ni las metas secundarias intrínsecas a los paros generalizados: el Gobierno no se tambalea, los empresarios apenas sintieron el golpe, la calle sigue sin entender sus reivindicaciones.
Desde que los piquetes se marcharon a casa y el país recuperó la normalidad laboral, es tiempo de análisis. Y los primeros que deberían hacer examen de conciencia son los dos grandes sindicatos, que pueden maquillar de cara a la opinión pública su discurso, pero a los que de puertas para adentro no les queda otra que la crítica. Es difícil explicar por qué se pospone casi cuatro meses una huelga general que está más que justificada por el contenido de la reforma laboral, por otro lado necesaria para apagar los fuegos que abrasan desde Europa la confianza en el Estado español. Pero no sólo eso, en los cuatro meses de tregua no declarada, en los que los sindicatos se han cansado de señalar el 29 de septiembre como el principio del fin de la reforma, no han conseguido que su mensaje cale en una ciudadanía que cada vez mira con más recelo a los delegados sindicales.
Como no pudieron llegar con el verbo, los sindicatos obviaron la lucidez y no impidieron el mensaje por la fuerza. Hace tiempo que en España la letra con sangre no entra, pero tanto Cándido Méndez como Fernández Toxo alimentaron desde la previa las acciones cuasi violentas de unos piquetes que los líderes de CCOO y UGT calificaron de «convencitivos y contundentes», traspasando la frontera de la información.
Olvidaron muchos piquetes que junto al derecho a la huelga figura, en letras igual de grandes, el derecho a trabajar, y que igual que la huelga no se puede coartar, tampoco se debe imponer. La misma tropelía comete el empresario que amenaza a sus trabajadores antes de un paro general que aquellos piquetes que, provistos de banderas, cierran comercios por la fuerza, destrozan cerraduras y apedrean autobuses en las cocheras.
Luego muchos se rascan la cabeza cuando las decisiones populistas no encuentran el rechazo que debieran en la ciudadanía. Esperanza Aguirre ha anunciado que meterá el tajo a los liberados sindicales en la Comunidad de Madrid. La medida se ha encontrado con la indiferencia ciudadana, y no hay que escarbar mucho para saber por qué: para el obrero de a pie los políticos, los sindicatos y la patronal están igual de lejanos. No hay nadie de su lado.
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